Adelante Málaga ha exigido saber dónde está el dinero de las partidas que el Presupuesto de la Diputación de Málaga tenía consignadas para ayudas sociales para el año 2019 y que ascendía a 1.323.215 euros, “y que a las familias no les ha llegado”. Por esta razón la formación ha pedido la comparecencia de la Diputada Delegada de Servicios Sociales, Familias y Centros Asistenciales, María Esperanza González, en el Pleno de la próxima semana.
“Es una situación grave, sangrante, de negligencia institucional, que no se puede permitir”, ha criticado la diputada de Adelante Málaga Maribel González, que ha explicado que estas ayudas eran esenciales para prevenir y paliar situaciones de riesgo y mejorar la convivencia y que iban destinadas a familias y personas vulnerables.
En concreto, ha puntualizado la diputada, esta cantidad iba destinada a diferentes ayudas, entre las que ha destacado las de “necesidades básicas para la vida como vestido, alimentación, medicamentos o calzado; las de nacimiento y adopción, que no han recibido nada a pesar de que el presidente Salado se llena la boca con la lucha contra el reto demográfico; las de adaptación de viviendas para personas mayores y con discapacidad; las ayudas a familias con menores en riesgo de exclusión para guarderías, comida, leche, pañales o material escolar; y las ayudas de emergencia y urgencia, que se trata de un cajón desastre donde están los casos más graves”, ha explicado González.
Por otra parte, la diputada de Adelante ha querido hacer hincapié en que “este dinero esfumado” ha dejado sin herramientas a los trabajadores sociales de la Diputación de Málaga, “que hacen una labor esencial en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia”. Y ha recriminado que esta falta de cumplimiento de la Diputación ha hecho que los recursos de los ayuntamientos pequeños queden más mermados, porque son ellos quienes se han tenido que hacer cargo de los problemas de los vecinos.
Asimismo, González ha indicado que la importancia de estas ayudas es esencial, “sobre todo en esta situación en la que las desigualdades económicas y sociales no cesan de aumentar”. En este sentido ha hecho hincapié en los problemas de la provincia de Málaga, la primera en número de desahucios por alquileres en Andalucía, “donde hay una tasa de estacionalidad del empleo que supera el 30% y donde el paro tampoco se puede olvidar, que afecta a más de 154.000 personas”; y, además, ha destacado también la mayor vulnerabilidad de las mujeres a la que esta situación les afecta de manera más grave.
Por último, González ha indicado que ni siquiera se han llegado a abrir convocatorias para muchas de estas ayudas, por lo que se desconoce realmente el número de demandantes, si bien de las de rehabilitación y adaptación de viviendas, sí que la Diputación recibió 139 solicitudes hasta octubre de 2019. Además, ha especificado que las partidas del Presupuesto de la Diputación de Málaga de 2019 destinadas a ayudas sociales incluían un remanente de 323.215 euros del ejercicio de 2018, por un convenio de la Diputación con la Consejería de Igualdad en materia de rehabilitación y adaptación de viviendas, que debía gastarse en el primer trimestre de 2019, cosa que, según ha explicado la diputada de Adelante, “tampoco ha sucedido”. Y, en concreto, ha incidido en que de todo el montante de 1.323.215 euros sólo se llegaron a fiscalizar 22.083,12 euros de ayudas a emergencia social.
