“La colaboración de los Ayuntamientos es imprescindible para aplicar el nuevo Decreto-ley que da solución a las viviendas irregulares en Andalucía”, así lo ha asegurado el diputado autonómico de Ciudadanos (Cs) por Cádiz, Juan de Dios Sánchez, durante el encuentro mantenido con diferentes asociaciones y plataformas relacionadas con la situación de las viviendas irregulares en la provincia de Cádiz.
En el acto, al que han asistido también la diputada nacional de la formación naranja, María del Carmen Martínez, y los portavoces de Ciudadanos en las localidades de Conil, Chiclana, Barbate y Vejer, se ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los asistentes ante el pronunciamiento del Gobierno advirtiendo de la posibilidad de recurrir el decreto de viviendas irregulares por invadir sus competencias. Ante esta posibilidad, el diputado autonómico ha subrayado que este decreto “no invade ninguna competencia del Estado porque no entra en las viviendas afectadas por la Ley de Costas”
A continuación, Sánchez, ha afirmado que el Decreto-ley es una solución transitoria mientras se aprueba la nueva Ley del Suelo de Andalucía por parte de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, una medida que previsiblemente verá la luz verde a lo largo del año 2020. “El nuevo gobierno andaluz ha puesto solución en menos de un año a un problema que nuestra comunidad autónoma arrastraba desde hace décadas”, ha señalado el portavoz autonómico, quien ha añadido que espera que esta traba no sea “una zancadilla más” del Gobierno socialista hacia la Junta dirigida por Ciudadanos y PP.
El parlamentario andaluz ha explicado a los asistentes que ahora son los Ayuntamientos “quienes deben cumplir con su labor inspectora y sancionadora, y facilitar los trámites a los propietarios para el reconocimiento y las declaraciones de estas viviendas como asimilado a fuera de ordenación (AFO)”. La nueva regulación permitirá a los propietarios de estas edificaciones acceder al registro de la propiedad, los servicios básicos de abastecimiento y depuración de agua y suministro eléctrico, así como a un régimen de obras acorde a su situación.
“En la provincia de Cádiz son más de 20.000 viviendas las que se encuentran en situación ilegal”, ha especificado Juan de Dios Sánchez, “y desde la Junta de Andalucía hemos puesto en marcha las medidas necesarias para que, en pleno siglo XXI, no existan edificaciones en nuestra tierra sin acceso a los servicios básicos, como la luz y el agua”, ha concluido.
