El recibo de la luz del usuario medio ha subido por sexto mes consecutivo en septiembre. El incremento mensual ha sido del 3,5%, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. La factura será la tercera más cara de la historia.
FACUA critica que el Gobierno sigue sin anunciar medidas que frenen la especulación del oligopolio energético. Las escasas actuaciones que ha dado a conocer el Ejecutivo de Pedro Sánchez no abaratarán un infladísimo recibo al que cientos de miles de familias ni siquiera pueden hacer frente, denuncia la asociación.
83,55 euros es lo que pagará un usuario medio (366 kWh de consumo y 4,4 kW de potencia) con las tarifas semirreguladas PVPC de todo el mes de septiembre. El encarecimiento interanual alcanza ya el 15,9%: el recibo ha subido 11,47 euros con respecto a septiembre de 2017, cuando se situó en de 72,08 euros.
El kWh sube casi un 22% en un año
En cuanto al precio de la energía consumida, en los 30 días de septiembre el kWh se ha situado en una media de 17,58 céntimos (13,83 más impuestos). Un 21,7% por encima de los 14,45 céntimos (11,36 más impuestos) de septiembre del año pasado.
La factura del usuario medio se situó el pasado agosto en 80,73 euros (mes en que subió un 3,0%). En julio, el mismo recibo fue de 78,39 euros (mes en que subió un 2,2%), en junio se situó en 76,71 euros (subió un 1,8%), en mayo en 75,34 euros (una subida del 7,7%), en abril en 69,94 euros (subió un 0,7%), en marzo en 69,46 euros (bajó un 9,0%), en febrero en 76,32 euros (subió un 2,0%) y en enero en 74,81 euros (bajó un 6,1%).
Los análisis de FACUA ponen de manifiesto que la factura de la luz más cara a nivel histórico fue la del primer trimestre de 2012, cuando se situó en 88,66 euros para el usuario medio (tras la corrección de la tarifa fijada por el Gobierno por una sentencia del Tribunal Supremo). Tras ella, los 87,81 euros de enero de 2017 y los 83,55 euros de este septiembre. La cuarta factura más elevada representó 81,18 euros, correspondiente a las tarifas julio de 2015 y la quinta 80,73 euros, de agosto de este año.
Las demandas de FACUA al Gobierno
FACUA ha trasladado al Gobierno un documento con sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de las familias españolas. El pasado 11 de septiembre, el vicepresidente y portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, mantuvo una reunión con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, en la que le entregó un informe con las Valoraciones y propuestas de FACUA sobre el suministro eléctrico, garantía de acceso a los consumidores domésticos y lucha contra la pobreza energética.
La bajada del IVA de la electricidad es una de las demandas de FACUA. Bajarlo al al 4% ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales. Así lo pone de manifiesto un análisis realizado por la asociación tomando como referencia las tarifas de los doce meses comprendidos entre septiembre de 2017 y agosto de 2018 con la aplicación de los impuestos indirectos vigentes en la actualidad y la bajada de casi 18 puntos porcentuales que representaría la aplicación del IVA superreducido.
La principal medida propuesta por FACUA es la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo. El análisis realizado por el equipo jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Los desproporcionados precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias españolas justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.
La asociación advierte de que el bono social del Gobierno de Rajoy ha sido un fracaso aún mayor que el que se aprobó durante la etapa socialista de Zapatero. Por un lado, porque supone descuentos poco significativos e impone niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él -salvo a las familias numerosas, que pueden beneficiarse todas-. Por otro, porque el desconocimiento de su existencia para muchas familias y el hecho de que deba ser solicitado expresamente a las eléctricas, con la aportación de documentación acreditativa de los niveles de renta y la situación familiar, han provocado que un ínfimo porcentaje de sus beneficiarios potenciales acceda a él.
