El Ayuntamiento de Málaga reitera la necesidad de que la Dirección General de Tráfico regule de forma urgente el uso de los llamados Vehículos de Movilidad Personal entre los que se encuentran los patinetes eléctricos. La concejala de Movilidad, Elvira Maeso, ha recordado esta mañana que el Consistorio ya pidió el año pasado esta regulación a la DGT en una moción institucional presentada a propuesta del equipo de gobierno y ha adelantado las medidas que el Ayuntamiento ya está adoptando, de acuerdo a sus competencias.
Tal y como han recordado, los acuerdos adoptados por todos los grupos de la Corporación fueron: Instar al Ministerio del Interior a que, previa consulta a las comunidades autónomas y a los municipios a través de su federación española (FEMP), ejercite las competencias otorgadas a la Administración General del Estado en materia de Tráfico y Seguridad Vial y promueva una norma jurídica de rango suficiente que aporte la eficacia que actualmente está demandando el interés público en materia de vehículos movilidad urbana sostenible y armonice su regulación en todo el territorio nacional e Instar a la FEMP a que elabore, por si la Administración General del Estado se retrasase, un modelo de ordenanza para los ayuntamientos españoles que permita una regulación.
En paralelo, ha explicado que se han mantenido múltiples reuniones con las empresas de patinetes que han contactado con el Ayuntamiento y a las que se les ha indicado que, ante los riesgos evidentes de daño a las personas y a los bienes por parte de los VMP en su circulación viaria, se autorizará su explotación comercial en la ciudad de Málaga en las condiciones que considere el Ayuntamiento, solo cuando hayan quedado establecidas las normas imprescindibles ya anunciadas por la Dirección General de Tráfico (aún pendiente de su aprobación), y momento a partir del cual el Consistorio procederá a modificar la Ordenanza de Movilidad para incorporar lo establecido por la DGT.
Por otra parte, ha anunciado que el Consistorio ya está trabajando en la propuesta de una modificación de la Ordenanza de Vía Pública, al objeto de permitir la retirada inmediata de cualquier elemento abandonado o que carezca de autorización para la actividad que realiza. Además, más allá de regular para hacer posible esa retirada, ha explicado que se está denunciando por parte de la Policía Local a las empresas explotadoras de patinetes eléctricos en la vía pública por la infracción muy grave consistente en la ocupación de la vía pública sin autorización en los términos del artículo 22.3 de la Ordenanza de Vía Pública. Hasta la fecha, según datos aportados por la Policía Local, se han puesto 40 denuncias (el importe de la sanción oscila entre los 1.501 y los 3.000 euros).
Maeso ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las empresas de patinetes eléctricos que operan en la ciudad así como a los usuarios, reiterándoles que se seguirá sancionando en todos los casos en los que se encuentren aparcados en la vía pública y recordándoles los problemas de convivencia que están generando estos vehículos cuyo uso no está regulado suficientemente aún por la Administración General del Estado. En este sentido, ha recordado que según los artículos 4 y 5 del RDL 6/2015 Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial corresponde al Gobierno Central la aprobación de la normativa técnica básica que afecte a la seguridad vial, la previa homologación de los elementos de los vehículos que afecten a la seguridad vial, la expedición de los permisos y licencias para conducir vehículos a motor, la matriculación y expedición de los permisos y las autorizaciones temporales y provisionales para su circulación.
A mayor abundamiento, ha recordado que la DGT, el día 3 de noviembre de 2016, emitió una Instrucción en la que propone de forma provisional una serie de criterios en tanto no se elabore una normativa específica sobre los referidos vehículos. Actualmente y transcurridos ya dos años de esta norma jurídica sigue sin existir una regulación normativa real, eficaz y armonizada por quien constitucionalmente tiene la competencia. Esta regulación es, según ha subrayado, muy necesaria, ya que, además, la propuesta de 2016 no abarca la creciente tipología de vehículos de movilidad personal. Igualmente, la negación expresa a estos vehículos del carácter de vehículos de motor pese a estar autopropulsados mediante motor eléctrico implica consecuencias importantes que no pueden ser ignoradas:
- la no autorización administrativa para circular.
- la ausencia de obligación de asegurar las responsabilidades civiles por daños a terceros.- La imposibilidad de limitar su velocidad. la posibilidad de circular sin matriculación, y por tanto, sin garantizar la titularidad del vehículo que responda civil y penalmente de potenciales infracciones o delitos.
- la negación expresa a los VMP de la condición de peatón, de forma simultánea a la de vehículo de motor, los coloca en el limbo al no existir categoría intermedia y pretende obligar a los Ayuntamientos que sean ellos los que regulen esta cuestión delegando o cediendo de facto la competencia que la Constitución otorga de forma exclusiva al Estado en materia de Seguridad Vial. En este sentido hay que señalar y destacar que muchos de los VMP desarrollan velocidades superiores a los 30 o 40 kms/ hora y tienen una masa superior a los 50 kgs.
