Instituciones y sindicatos se han sumado al a celebración del 40 aniversario de la Constitución Española. Sin embargo, son muchas las voces críticas que piden defender los valores fundamentales de la Carta Magna o acometer una reforma acuciante.
El Título Primero de la Constitución recoge derechos y deberes fundamentales como el derecho de reunión pacífica (artículo 21.1), el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses (artículo 28.2), el deber de trabajar y el derecho al trabajo (artículo 35.1), el deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en un sistema tributario justo (artículo 31.1), el derecho a la negociación colectiva entre los representantes de los trabajadores y los empresarios y la fuerza vinculante de los convenios colectivos (artículo 37.1), el deber de los poderes públicos de promover una distribución de la renta regional y personal más equitativa (artículo 40), el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (artículo 47), o la obligación de los poderes públicos de garantizar pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas (artículo 50).
Todos esos derechos, libertades y obligaciones (y algunos otros como el derecho a la libertad de expresión y a recibir información veraz) han sido relegados, recortados o directamente criminalizados en la práctica política de estos años, con mayor intensidad durante la gran crisis económica. La fuerza vinculante de esos artículos es la misma que la del resto de preceptos constitucionales, no son expresiones utópicas sino preceptos con la misma fuerza legal que los demás, y se condicionaron con la espuria y vergonzante reforma del artículo 135 realizada en 2011 y nunca respaldada expresamente por la ciudadanía.
Derogar la reforma del 135
El Sindicato considera que la reforma constitucional más prioritaria es, precisamente, revertir los cambios introducidos en el año 2011 y volver al texto original o, de forma alternativa, acometer una nueva reforma que blinde el estado del bienestar (sanidad, educación, pensiones, dependencia, y demás derechos sociales) y establezca un suelo de gasto social no afectado por las reglas del déficit público.
Sería necesario, además, revertir la legislación producida al amparo de esa reforma y los principios que la inspiraron devolviendo a la ciudadanía los derechos arrebatados. Sería necesario, en consecuencia, derogar la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley mordaza), recuperar los principios de equidad, suficiencia y progresividad para el sistema tributario; replantear completamente una política de vivienda que ha servido más a la especulación y la corrupción que a los ciudadanos, y derogar la reforma de las pensiones de 2013 así como las últimas reformas laborales, entre otras medidas.
Derechos criminalizados
Especial gravedad tiene, a juicio de UGT, el cuestionamiento y la criminalización de algunos derechos constitucionales, como el derecho de huelga (artículo 28.2), acosado por campañas políticas y mediáticas que habrían sido consideradas intolerables de haber afectado a otros preceptos; está dinámica, instrumentada a través de instrucciones a las fiscalías, ha provocado el encausamiento o condena de más de 300 sindicalistas por ejercer su derecho legal a la huelga para oponerse a las políticas de recortes que se nos han impuesto en los últimos años.
El cuestionamiento de las organizaciones sindicales (reconocidas junto a las organizaciones empresariales en el Título Preliminar de la Constitución, inmediatamente después de los partidos políticos, como contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y la ley) ha estado dirigido por el mismo objetivo de anular cualquier cuestionamiento a la aplicación de políticas regresivas, injustas, y generadoras de pobreza y desigualdad. Sin embargo, y por el contrario, seguimos sin dar el desarrollo adecuado a los preceptos constitucionales que atribuyen a las organizaciones sindicales funciones de eficacia general, como la negociación colectiva, que a día de hoy sigue pagándose con las cuotas de los afiliados y afiliadas a las organizaciones sindicales, constituyendo una anomalía injusta que es necesario abordar.
Finalmente, UGT considera que recuperar el respaldo ciudadano a las normas e instituciones de nuestra democracia requiere una renovación del compromiso colectivo con el marco constitucional en su conjunto, reconduciendo la práctica política hacia el ejercicio libre de planteamientos e ideas de contenidos diferentes, pero al servicio del interés público y de un desarrollo económico y social cohesionado y pacífico.
Blanco ha recordado que 41 años después de que los andaluces salieran a la calle el 4 de diciembre para reclamar igualdad, solidaridad y un trato diferente para Andalucía, es el momento de reivindicar el Estatuto de Autonomía.
En este sentido, ha pedido además reforzar los marcos estatutarios y constitucionales, ya que los andaluces siempre han reclamado «libertad, democracia y valores de cohesión social».
«Nosotros reclamamos que esta norma de la que nos hemos dotado refuerce el empleo de calidad, los servicios públicos adecuados a nuestras necesidades y garantice la cohesión social en un momento donde es más necesario que nunca», ha asegurado.
Asimismo, ha llamado a la responsabilidad de los partidos políticos que han obtenido representación parlamentaria tras los comicios del pasado domingo para conformar la nueva Cámara andaluza.
En este sentido, ha lamentado la baja participación de los andaluces en las elecciones autonómicas y ha pedido a los partidos que hagan «un esfuerzo» para generar de nuevo confianza en la ciudadanía. Además, ha insistido en la «responsabilidad» de las fuerzas políticas para que pongan en marcha «políticas útiles» para los andaluces, que «mejoren su calidad de vida tanto en el empleo como en los servicios públicos».
Por último, ha recordado las propuestas de CCOO-A para los trabajadores y ha añadido que pasan por dar prioridad a la lucha contra la precariedad laboral para ofrecer empleo de calidad a los andaluces, la prestación de unos servicios públicos de calidad, garantizar los derechos sociales de la ciudadanía y propiciar un cambio del modelo productivo.
«La recuperación económica tiene que llegar a las personas con el fortalecimiento de los servicios públicos, los derechos sociales y la generación de empleo de calidad en Andalucía», ha concluido.
García ha reivindicado el texto constitucional como piedra angular y fundamento de la mayor etapa de convivencia y progreso de la historia de España. Una etapa que ha permitido que muchas generaciones, incluso las que nacimos después de su promulgación, podamos vivir en condiciones de libertad y derechos garantizados. A juicio de la presidenta, tras los últimos acontecimientos que estamos viviendo, hoy toca más que nunca apuntalar esos valores constitucionales por los que muchos dieron su vida y hay que hacerlo desde el espíritu democrático que nos acompaña desde hace cuarenta años y el rechazo a cualquier actitud xenófoba que venga a manchar todos los logros conseguidos.
La presidenta de la Diputación ha hecho un llamamiento a la unidad de la ciudadanía y los poderes públicos para defender la convivencia y el régimen de libertades y derechos del que gozamos gracias a la Constitución, especialmente en un momento en el que las tensiones territoriales y políticas son graves amenazas de involución en esta sociedad construida sobre los pilares de igualdad, justicia y libertad para todos y todas.
