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El Gobierno de Ceuta baraja nombres para sustituir en el cargo a Torrado tras su imputación

08-05-2018
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, estaba totalmente informado del contenido del auto antes de que el mismo fuese publicado por Ceuta Actualidad. Un auto en el que por mucho que algunos sectores se empeñen dice lo que dice, que no es otra cosa que la de comunicar la apertura de juicio oral y las de reflejar las peticiones realizadas por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, la Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo. También contempla, acorde a la Ley, el establecimiento de las medidas cautelares, que en este caso es la fianza superior a los dos millones de euros.

Tras tener conocimiento del auto, la actividad en el Gobierno ha sido frenética y son muchas las especulaciones que se han hecho y los nombres que se han barajado para sustituir en el cargo a Torrado. También han sido muchas las reuniones y los contactos mantenidos por el máximo mandatario de la ciudad para dar con la persona idónea para proceder al relevo cuanto antes.

Han sonado tanto nombres de políticos como de técnicos. Las apuestas siguen abiertas y en los corrillos políticos son muchos los nombres que suenan. Mientras, el presidente, sigue deshojando la margarita para tratar de dar con la persona idónea.

Lo más importante aquí y ahora, lejos de conocer el nombre, es saber el currículum de los candidatos, ya que debería ser, si es posible, una persona que tenga amplios conocimientos del Puerto para poder sacar adelante todos los proyectos pendientes y dar solución a los problemas que tiene en la actualidad.

La solución de los problemas de la seguridad, las negociaciones con las navieras y la apuesta clara por el sector de bunkering son los tres ejes fundamentales en los que hay que seguir trabajando. Es por ello, y Vivas lo sabe, que el currículum del candidato tiene que primar, y mucho, en la elección final del nuevo presidente de la Autoridad Portuaria.

Delitos

El juez acusa al presidente de la Autoridad Portuaria de sendos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, aunque éste último se ha incorporado ahora. Por éste último, Fiscalía y acusación particular solicitan cinco y seis años y medio de prisión, respectivamente. Torrado habrá de hacer frente al pago de una fianza de más de dos millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran determinarse.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 ha decretado apertura de juicio oral contra el presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, José Torrado, por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, según el auto al que ha tenido acceso Ceuta Actualidad.

El procedimiento judicial que sentará en el banquillo a Torrado se inició a raíz de una denuncia interpuesta en octubre de 2011 por la Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo por la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación en febrero de 2006 a Marina Hércules S.A. (Mahersa) de la concesión para su explotación de las instalaciones náutico deportivas del Puerto Deportivo de Ceuta. Esta causa fue sobreseida hasta en tres ocasiones por este mismo juzgado, aunque posteriormente la Audiencia Provincial ordenó su reapertura.

La Fiscalía solicita para Torrado cinco años de prisión y quince de inhabilitación absoluta por el delito de malversación, además de interesar la restitución a la Autoridad Portuaria de 1.476.889 euros. La petición de la acusación particular por este mismo delito es de seis años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta durante quince años y medio. También propone el pago a la institución de una indemnización de 1.557.436,60 euros.

El juez ha impuesto al presidente de la Autoridad Portuaria el pago de una fianza de 2.076.582,13 euros para cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del proceso.

Fiscalía y acusación particular también solicitan por el delito de prevaricación administrativa penas de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público que cifran, respectivamente, en doce y nueve años.
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